Las modificaciones en materia de seguridad pública propuestas en el borrador de la ley de urgente consideración que está a estudio de los partidos integrantes de la coalición del próximo gobierno, parten de una premisa errónea: para bajar los índices de delincuencia hay que darle más poder a la policía.
La nueva normativa apunta a una policía más facultada. Podrá interrogar personas detenidas sin conocimiento del ministerio público, hacer registro preventivo tanto corporal, de equipaje como de vehículos, sin sospecha fundada. Tendrá tiempo duplicado de acción autónoma y el doble de plazo para informar de lo actuado a la fiscalía, ejercerá más discrecionalidad en el uso de la fuerza, podrá desalojar más rápidamente a las personas que duermen en espacios públicos y solicitar documentos de identidad a cualquier persona en cualquier circunstancia sin motivo alguno. Veamos algunos detalles:
Se propone anular los artículos 55 y 56 del actual CPP relativos a la identificación de los ciudadanos. Actualmente solo está permitido solicitar documentos “en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un ilícito penal”. El borrador propuesto dice lisa y llanamente: “Toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera.”
También se autoriza “el registro policial de personas, de vestimenta, equipaje y vehículo, en busca de armas, drogas u objetos robados, en el marco de procedimientos policiales preventivos rutinarios”, cosa que la Ley actual limita al caso “de quien se hallare legalmente detenido o de quien existan indicios de que haya cometido o intentado cometer delito.” Sobre las declaraciones de un imputado, la actual redacción dice que la policía “solo podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad”, mientras que la nueva redacción agrega “y para realizar averiguaciones, investigar, obtener pruebas y aclarar el presunto delito imputado.” Otro cambio es que actualmente el código obliga a la policía a informar de inmediato al Fiscal su intervención ante cualquier hecho, pero la nueva redacción otorga un plazo de cuatro horas para hacerlo. También se extiende de dos a cuatro horas el plazo legal para identificar y registrar una persona.
Otra señal de endurecimiento es la nueva redacción propuesta indicando que las personas que pernocten en espacios públicos podrán ser desalojadas de inmediato, contrario a lo que hoy rige en esta materia en el artículo 368 del Código del Proceso Penal, donde se prevé que antes del desalojo debe haber por lo menos dos intimaciones.
Sin embargo, llamativamente también se proponen medidas de ablandamiento de la ley para otro tipo de personas. El mismo borrador otorga facilidades para que quienes habiendo obtenido libertad provisional, quieran ausentarse del país. Ello se observa en la nueva redacción propuesta para el artículo 248, que agrega facilidades no ofrecidas en el actual código que prevé dos posibilidades: caución de carácter real o personal. Ello significa que hoy día es condición para viajar al exterior, el depósito de dinero en efectivo o hipotecar propiedades a nombre del liberado o de un garante. El nuevo texto brinda una tercera posibilidad al agregar la caución juratoria, es decir el compromiso de honor. Eso significa que se faculta al Juez para que considere suficiente la palabra del liberado comprometiéndose a regresar al país cuando sea citado.
¿A quién beneficia este ablandamiento de la ley? ¿Quiénes son los que más a menudo desean irse del país apenas obtienen libertad provisional? Todos sabemos que ese es el caso de fuertes empresarios y altos funcionarios acusados de estafas y fraudes de grandes proporciones. Eugenio Figueredo (Vice presidente de FIFA), Gustavo Torena (pato celeste), Francisco Sanabria (Cambio Nelson), Eladio Moll (Cangrejo rojo), son algunos ejemplos de encausados que se hubieran beneficiado con esta nueva ley. En lugar de depositar cifras razonables de dinero o comprometer propiedades inmuebles, les hubiera bastado jurar que no se darían a la fuga. Si se aprueba el cambio propuesto, en el futuro vaciadores de bancos, empresarios deshonestos y otros estafadores “de guante blanco”, estarán agradecidos.
Hay preguntas que debería contestar el futuro gobierno: ¿Está bien proponer más severidad para el trato con la población en general y menos severidad para los delincuentes de élite? ¿Cómo contribuirá a mejorar la seguridad pública el ablandar el código para que los grandes estafadores puedan ausentarse más fácilmente del país? En vez de apurar el desalojo de indigentes en espacios públicos: ¿no sería mejor preguntarse por qué aumenta su número constantemente y combatir el motivo?
Todos concordamos en que ningún ciudadano honrado tendrá inconveniente en mostrar sus documentos, ser interrogado y registrado para verificar que no tiene nada que esconder, aun cuando ello implique perder cuatro horas de su tiempo. Pero: ¿son éstas las medidas que hacen falta para mejorar la seguridad pública? Los países que tienen bajos índices de delito son los que tienen altos índices de calidad de vida. Hay una relación directa entre distribución de la riqueza y seguridad pública. Hay menos delito donde hay menos injusticia social. ¿Por qué no se hace el diagnóstico correcto para atacar el problema en su origen, en vez de proponer cambios que son gruñidos a los chicos y guiñadas a los grandes?
Los humanistas proponemos ir a la raíz de los problemas, diagnosticar bien, cosa que sin duda no está haciendo el gobierno que asumirá el próximo 1 de marzo.
Aníbal Terán Castromán
Treinta y Tres, enero 28 de 2020
Vocería del Partido Humanista, integrante de Unidad Popular
092 916 334, ateran@adinet.com.uy
(Adjunto foto de una pancarta que resume muy bien el tipo de policía que quieren los gobiernos neoliberales)
