El sitio oficial de la campaña “Vivir sin Miedo”, ofrece la siguiente respuesta a la pregunta ¿Por qué crear una Guardia Nacional con Militares?: “Porque están calificados, poseen disciplina, tienen una estructura jerarquizada, están instruidos en el manejo de armas, tienen equipamiento, están a disposición del Estado, podemos recurrir a ellos sin mayor demora,” agregando que “este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar, complementariamente y en paralelo a la policía civil, ya existe con notable eficacia y prestigio institucional en España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Chile, entre otros países.”
Respecto a esta última afirmación, resulta llamativo que no se nombre a Brasil, siendo el ejemplo que tenemos más cercano. Seguramente es porque allí los resultados no son buenos. Veamos:
En 2015 AMNISTÍA INTERNACIONAL publicó un informe sobre el accionar de la Policía Militar en Brasil. Vale la pena reproducir algunas líneas de la introducción de ese informe:
“En Brasil son frecuentes las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de policía. La Policía Militar ha venido empleando fuerza letal de forma innecesaria y excesiva, lo que ha ocasionado la muerte de miles de personas en los últimos 10 años. Las autoridades usan a menudo el término jurídico “acto de resistencia” en referencia a las muertes causadas por agentes de policía estando de servicio y en las que se esgrime la justificación de la legítima defensa como cortina de humo para encubrir homicidios perpetrados por los militares.”
“Amnistía internacional ha recopilado datos sobre nueve de los diez casos de homicidios con indicios de ejecución extrajudicial cometidos en Acarí (barrio de clase baja al norte de Río de Janeiro) por agentes de la policía militar estando en servicio. En cuatro de los casos, las víctimas estaban heridas o ya se habían rendido cuando los agentes les dispararon deliberadamente con armas de fuego para ejecutarlas. En otros cuatro casos, las víctimas murieron por disparos efectuados sin previo aviso. En el noveno caso, la víctima huía de la policía cuando le dispararon.”
“El discurso oficial de los partes policiales siempre culpa a las víctimas, que están estigmatizadas por el entorno de racismo, discriminación y criminalización de la pobreza. La sociedad brasileña suele legitimar estas muertes. El sistema de justicia penal contribuye a ello, pues raramente se investigan los abusos policiales. Al revisar el estado de las 220 investigaciones de homicidios policiales abiertas tan solo en Río de Janeiro en 2011, Amnistía Internacional ha descubierto que, transcurridos cuatro años, tan sólo en un caso se presentaron cargos contra un agente de policía militar.”
“A menudo se alteran las escenas del crimen, pues los agentes de policía retiran el cadáver sin la diligencia debida o colocan junto a él armas u otras pruebas inculpatorias falsificadas. Los testigos de los homicidios policiales casi nunca acuden a testificar por miedo a sufrir represalias. La policía militar sigue empleando habitualmente fuerza arbitraria, innecesaria y excesiva con total impunidad.” De saber esto, seguramente pocos uruguayos creerían que crear una policía militar en Uruguay sería una buena idea.
¿Pero qué hay de Chile, otro de los países de la región que tiene policía militar y sí se nombra? La seguridad pública allí no mejora como lo muestran las gráficas adjuntas. Según cifras oficiales en los últimos diez años poco ha cambiado la percepción de inseguridad de los chilenos. Respecto a 2018, el 76% respondió que sí a la pregunta: ¿Cree que la delincuencia aumentó en los últimos doce meses? El 38% respondió sí a la pregunta: ¿Cree que usted será víctima de un delito en los próximos 12 meses? Los porcentajes casi no varían en los últimos diez años. Cerca de 8 de cada 10 chilenos siente que la inseguridad aumenta y casi 4 de cada 10 espera ser víctima de un delito este año. ¿Hacen recomendable estas cifras imitar el ejemplo chileno?
Los humanistas no apoyamos la reforma constitucional “Vivir sin miedo” porque no ataca las raíces del problema que no debe verse como un asunto meramente policial. En Uruguay tenemos más de 11 mil presos, somos uno de los países con más gente en la cárcel en la región, y a pesar de eso el delito no para de crecer. Queda claro que el camino a la seguridad pública no va en dirección a aumentar la represión sino la rehabilitación. Los bajísimos índices de reincidencia criminal que logra la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado del Ministerio del Interior, indican que si potenciamos esa herramienta – lamentablemente muy desvalorizada- lograremos mejores resultados que sacando los militares a las calles.
Los países más seguros del mundo son los que más rehabilitan. Los más inseguros son los que descuidan esa tarea. Por eso, en base a datos concretos e irrebatibles, exhortamos a la ciudadanía uruguaya a no votar una reforma que pretende imitar ejemplos fallidos.
Treinta y Tres. 7 de Julio 2019
Aníbal Terán Castromán
092 916 334, ateran@adinet.com.uy
Vocería del Partido Humanista, integrante de Unidad Popular
